Una de las noticias recientes en los medios españoles llamó la atención sobre la negación de la nacionalidad española a cierto número de extranjeros debido a no haber aprobado el “test de españolidad”, a pesar de haber cumplido los requisitos legalmente exigidos. La prensa ha informado, asimismo, de que existen diversos casos de personas de origen inmigrante que objetaron judicialmente la negación de la nacionalidad, a quienes la justicia ha dado la razón por considerar que este test constituye una arbitrariedad que atenta contra sus derechos.
Esta “prueba de españolidad” fue una de las propuestas de campaña del Partido Popular (PP) que ha sido puesta silenciosamente en ejecución durante su gobierno. ¿Qué es exactamente lo que se quiere medir?, fue la pregunta que un grupo de nacionalizados españoles nos hicimos al leer las noticias y nos propusimos entonces hacer el ejercicio de responder un simulacro creíble de “test de españolidad”.
Con el propósito de ver si había diferencias entre los resultados rendidos por nacionalizados y por españoles de origen al responder la prueba, se pidió a un grupo de veinte personas que respondieran a un test de españolidad, que fue compilado a partir de preguntas proporcionadas por la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería [1]. Tanto la decena de españoles de origen como la decena de nacionalizados tenían nivel educativo alto y se hallaban insertados laboralmente como profesionales en España. Los resultados obtenidos son de especial relevancia si se toma en cuenta que una buena parte de quienes son sometidos al test verdadero no cuentan con nivel de estudios superior.
Sobre 50 puntos obtenibles, una española de origen y un nacionalizado extranjero obtuvieron menos de 40 puntos. Él, doctorado en España, logró 33; ella, 36. La mayoría de participantes obtuvieron entre 40 y 45 puntos; los mayores puntajes correspondieron a una profesional de origen español (48) y un profesional de origen extranjero (49).
Las preguntas que están siendo utilizadas, incluyendo algunas de carácter antojadizo, pretenden medir el grado de conocimiento sobre algunos hechos de la historia española, fechas conmemorativas, funcionamiento de algunas instituciones, nombres de autoridades y referencias geográficas. Entre las preguntas recogidas no hay ninguna que de veras se encamine a evaluar el grado de integración de la persona en la sociedad española, como pretende la retórica oficial que justifica el uso de la prueba.
La integración es un concepto complejo que sigue sometido a debate en el campo de las ciencias sociales. Pero este tipo de preguntas no parecen corresponder al propósito de medir el nivel de integración de quien responde sino que revela el objetivo discriminatorio de negar la nacionalidad a quienes no están familiarizados con datos y hechos circunstanciales de España. Se trata de personas procedentes de América Latina, Europa y África, que arribaron a este país para trabajar y que han cumplido, durante años, con aportar al crecimiento de este país y a la bonanza de la que disfrutaron los españoles durante la “burbuja”; la mayoría de ellos han constituido familias y tienen vínculos diversos con la sociedad española.
Nada de eso parece importar a quienes han puesto en aplicación un tipo de test con propósito excluyente. Es una manifestación más de intolerancia con el diferente que esta vez no proviene de un grupo de extremistas sino del Gobierno de España.
[1] Como se explica en el texto enlazado, el simulacro se sirve de “algunas de las preguntas para medir la integración en la sociedad recogidas en este test, elegidas entre una recopilación de preguntas y respuestas sugeridas facilitada [sic] a elpais.cat por la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería (ACPE)”.
